«La concertada tiene que homologarse a la pública»
(Ministra Celaá, 29/11/2020, IDEAL de Granada, portada)

Tiene gracia. Es la primera vez que una autoridad educativa o texto legal menciona la palabra HOMOLOGACIÓN. Todas las leyes educativas usan “analogía retributiva”, “equiparación salarial” e incluso aquí en Andalucía se inventaron una “media ponderada” que dilapidó la mayor movilización y unidad sindical que los trabajadores realizamos en Andalucía durante tres años y que culminó con huelga y 4000 manifestantes en las puertas del parlamento andaluz… Era el final de los 90 y el surgimiento de la PHA, que desde entonces sigue reivindicando y reclamando por todos los medios legales posibles que si hay conciertos educativos tiene que haber HOMOLOGACIÓN, es decir: igualdad de derechos y deberes entre trabajadores de centros públicos y concertados. ¡Ni más ni menos! Porque ambos, dicen las leyes vigentes y la Ley de Educación de Andalucía, prestan el mismo servicio público y están financiados con fondos públicos.

* Pero así llevamos… veamos. Era el año 1985 cuando, con mayoría absoluta, se aprueba la LODE que, entre otras cosas, democratiza los centros con los consejos escolares, crea los centros concertados a través de los conciertos educativos y estipula el “pago delegado” para los docentes de esos colegios y, en su famoso artículo 49, establece la equiparación salarial. Todas esas disposiciones legales siguen vigentes porque ninguna de las seis leyes educativas posteriores las han anulado, aunque sí han modificado algunos aspectos, casi siempre a peor. En aquella ocasión ocurrió lo mismo que ahora: la oposición política del momento y los medios afines, junto con CECE, la única patronal que había, presidida por un agustino, organizaron con el apoyo de AMPAS de los entonces centros subvencionados, una movilización bastante más intensa y mayoritaria que la actual pero casi con idénticas consignas y proclamas catastrofistas. Han pasado 35 años y todo sigue igual o mejor para la mayoría de los centros concertados, agrupados ahora en una patronal llamada Escuelas Católicas, que por cierto, en un congreso nacional celebrado en Granada, decide que en todos sus colegios el departamento estrella será el de Pastoral. Y dicho y hecho, y sin ningún problema por parte de ninguna administración educativa.

* Por supuesto, los trabajadores de los centros concertados seguimos injustamente tan discriminados como antes en lo económico y social aunque, eso sí, desde la LODE cobramos directamente de la Consejería de Educación a través del pago delegado, que tampoco veía bien la Patronal y prefería “el cheque escolar” como requisito para garantizar “su libertad de enseñanza”. La realidad es que los centros concertados existen desde 1985 y seguirán existiendo si se respetan la Democracia y las leyes.

* Entonces, ¿por qué tanto ruido de la ahora llamada “Plataforma Más Plurales” (curioso lo de plataforma y más curioso aún lo de plurales) y no se consigue nunca el necesario pacto escolar tratándose de la primera y más urgente inversión económica que cualquier sociedad moderna y democrática necesita? Según nuestra larga trayectoria en los centros concertados, una de las principales razones es el tema de la Religión en la escuela y todo lo que lleva consigo: “el irregular adoctrinamiento de la Iglesia Católica financiado con fondos públicos” de acuerdo con el concordato firmado por el Estado Español con el Vaticano antes de aprobarse la Constitución en 1978 y que ningún gobierno hasta ahora ha denunciado y mejorado (leer el artículo de opinión del catedrático Javier Pérez Royo en eldiario.es). Y otra de las razones es la falta de inversión económica si realmente se quiere mejorar la Educación en nuestro país. ¡Se dice mucho pero se cumple poco! Dos ejemplos: 1º Desde años venimos reclamando la bajada de la ratio, es un clamor en el profesorado de los centros públicos y concertados; pues bien, ni siquiera esta nueva ley se lo plantea (de este tema no hemos visto quejarse a la plataforma antes mencionada). 2º El Estado se da diez años de plazo, nada menos, para adaptar los centros ordinarios para que puedan escolarizar al alumnado con determinadas discapacidades (tirón de orejas de la ONU a nuestro sistema educativo). Pero aquí el debate se ha centrado en que cerraban los colegios de Educación Especial (no es algo que diga la ley pero se ha usado deliberadamente para apelar a la sensibilidad de la ciudadanía) y no en la ridícula inversión necesaria para corregir lo que hasta ahora no se hacía correctamente. Falta voluntad política. Lo mismo ocurre con la discriminación del profesorado de los centros concertados. Los magistrados de lo social han dado la razón a nuestros abogados en nuestras reclamaciones sobre la paga de antigüedad pero señalan que falta la voluntad política de presupuestarlo. Así llevamos 35 años y quinientas noches… como diría Sabina. Y, porque somos inasequibles al desaliento, seguiremos reivindicando la HOMOLOGACIÓN POR DERECHO Y DIGNIDAD.

* La nueva ley no concreta en absoluto cómo los centros concertados se tienen que homologar a los centros públicos ni, por supuesto, como en ninguna ley anterior, los módulos económicos del concierto educativo necesarios para ello. Es por ello que PROPONEMOS:

PATRONALES, especialmente Escuelas Católicas. Son los dueños de los colegios pero deben respetar la normativa laboral y educativa y democratizar sus centros: dirección, claustro y consejo escolar son los responsables de la organización y buen funcionamiento. No se debe: cobrar cuotas extras, interrumpir clases lectivas para actos religiosos, despedir a trabajadores sin causa justificada, exigir la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica para contratos de Matemáticas, Inglés o Música o segregar a los alumnos por sexo.

ALUMNADO. Debe tener garantizado su derecho a la educación y cumplimiento del currículum con los mismos apoyos y garantías que el alumnado de centros públicos pues no ocurre así con las horas dedicadas a orientación escolar o aulas de apoyo a la integración.

TRABAJADORES. No puede haber docentes con 18 horas lectivas en centros públicos y 23 en concertados, ni clases masificadas por encima de la ratio establecida, ya de por si elevada. No puede haber una política de contratos con jornada parcial para tener al trabajador en estado de incertidumbre constante. Debe haber reducción horaria para las tutorías y jefaturas de departamento y por supuesto, cumplimiento del principio de justicia universal “a igual trabajo, igual salario y horario” y lo establecido en las siete leyes educativas: pago de los sexenios, de las tutorías, de las coordinaciones de ciclo, de las jefaturas de departamentos, de la paga de antigüedad. Además del pago delegado y complemento autonómico para el PAS y personal complementario de Educación Especial. Requisito indispensable: aumento de plantillas en todos los niveles educativos (revisión de los módulos de conciertos) y modificación en el VII Convenio.

ADMINISTRACIÓN.                                                                                                        Sra. Ministra:

Esta es la justa y verdadera tarea de la homologación que pide Vd. a los centros concertados.
Su ley no dice nada de lo expuesto aquí. Téngalo en cuenta. Nos ponemos a su disposición.

HOMOLOGACIÓN POR DERECHO ¡SIEMPRE ADELANTE!

LA PLATAFORMA INFORMA 6 – enero 2021