RESOLUCIÓN (14/03/2020) DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN POR LA QUE SE ACUERDA LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE DETERMINADOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN
La suspensión de la ejecución de los contratos vigentes por los que se prestan los servicios de transporte escolar, acompañantes de transporte escolar, comedores escolares, programa de refuerzo de alimentación infantil, aulas matinales, actividades extraescolares, servicios de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales, servicio de interpretación de lengua de signos para el alumnado con discapacidad auditiva y servicios complementarios en escuelas infantiles por el mismo periodo que se determine la suspensión de la actividad docente presencial, esto es, desde el 16 de marzo de 2020, y teniendo una vigencia hasta las 00:00 horas del día 30 de marzo de 2020, sin perjuicio de las prórrogas que se acuerden de forma sucesiva para la suspensión de la actividad docente presencial y que se entenderán igualmente acordadas para la suspensión de la ejecución delos contratos vigentes anteriormente señalados. Los efectos de la suspensión se regirán por lo dispuesto en las normas que sean de aplicación a los respectivos contratos.
Nuestro sindicato ve con preocupación las últimas noticias referidas a los ERTE que se van a realizar por parte de la Administración andaluza debido a la suspensión de los contratos vigentes de los servicios que se detallan en el párrafo anterior.
Hasta el martes día 13 de marzo de 2020, se han presentado 500 expedientes en la administración laboral andaluza.
El dato lo ha ofrecido el vicepresidente, Juan Marín, quien también ha advertido que «no todo vale», por lo que se están estudiando de modo escrupuloso cada caso. Ha declarado que «tenemos la obligación de contestar en un corto plazo de tiempo y estamos reforzando nuestro servicio jurídico de empleo. Vamos a mirar escrupulosamente cada uno de estos ERTE; no todo cabe en este momento».
Nuestro sindicato pide a las administraciones educativas y a las patronales que adopten las medidas necesarias para que los trabajadores de nuestro sector no se vean perjudicados por la crisis provocada por el coronavirus.
Vivimos una situación excepcional y por esta razón, las administraciones públicas deben ayudar a mantener las condiciones laborales de todos los trabajadores. Los despidos que se están produciendo, en centros educativos afectados por la suspensión de las clases decretada por el Gobierno, se tienen que garantizar en cuanto termine esta crisis. Hay que tranquilizar a todos los trabajadores manteniendo las actuales condiciones laborales.
En los casos en los que no quede más remedio que realizar ERTE, las administraciones deben poner en marcha las medidas que compensen y garanticen las mejores condiciones posibles para los trabajadores mientras dure esta situación.
